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Reggae · 05 de abril de 2003

TENDENCIAS / DEBATES: ¿Se deben despenalizar las drogas para combatir el crimen organizado?

TENDENCIAS /

¡SÍ! ¡Prohibición y legalización!

WÁLTER MAIEROVITCH. Una cosa es cierta. Durante siglos, la cuestión de la droga viene siendo utilizada para esconder intereses económicos y geopolíticos. En 1757, los ingleses monopolizaron la comercialización del opio. Introdujeron entre los chinos el hábito de la mezcla de este con el tabaco, hecho causante del tropismo y de la dependencia química. China buscó la prohibición y esto resultó en las dos Guerras del Opio (1839-1842 y 1856), que concluyeron con la victoria de los ingleses. Ejemplos recientes pueden recordarse. En los años 40 y 50, la CIA apoyó al Ejército Nacionalista Chino, el famoso Kuomintang, en la lucha contra los maoístas. Incentivó el cultivo y la venta del opio para la compra de armas. La CIA empleó igual estrategia en Laos, en los años 60, para aniquilar a la guerrilla de Pathet Lao. El mismo posicionamiento se verificó en Afganistán, en los años 80 y frente a la invasión rusa. Peor aún fue la cobertura dada al tráfico de crack en los guetos de Los Angeles, con obtención de recursos para la sustentación, en Nicaragua, de los Contras. En los años 90, los discursos relativos a la prohibición y a la legalización llegaron a la ONU. Todo para establecer el llamado Derecho Internacional sobre las Drogas Prohibidas. A la americana, prevaleció el proibicionismo, la represión y la criminalización del usuario. En realidad, prevaleció la división entre países pobres y ricos. Los ricos como víctimas de los pobres. O mejor, el elevado consumo en razón del cultivo y producción hechos en los países pobres. Por otro lado, fracasaron los proyectos de la ONU relativos a la introducción de cultivos agrícolas sustitutivos. Los mercados internacionales, operados por los países desarrollados, nunca garantizaron la compra de la nueva cosecha ni la estabilidad de los precios. En otras palabras, los cultivos ilícitos continuaron como fuente única de subsistencia de los cultivadores. Ante el fracaso de las culturas sustitutivas, el presidente George W. Bush resolvió poner en práctica la estrategia antidrogas del Partido Republicano, esto es, el Western Hemisphere Drug Elimination Act. Esa estrategia fue bien resumida por el parlamentario republicano Bill McCollum: reducción drástica de la oferta, en cualquier parte del planeta donde se encuentre. En Colombia, el presidente Bush liberó US$ 170 millones para que Dainacorp desparramara, durante cinco años, herbicidas en Colombia. Así, provocó impacto en el ecosistema amazónico, con contaminación química, contaminación de ríos, destrucción de bosques y del medio ambiente. En Ecuador, el río San Miguel, que pasa por Colombia, fue afectado. La población ribereña, envenenada, tuvo que ser sometida a tratamiento médico, además de soportar la pérdida de cultivos y animales domésticos. Por lo que se sabe, la segunda etapa será la diseminación del hongo Fusarium oxysporum, empleado a título de experimentación en Uzbekistán. Los europeos, con excepción de los países bálticos, abandonaron la línea de las convenciones de la ONU, que para ser cambiada necesita de unanimidad. Países como Holanda, Inglaterra, Bélgica y España trazaron caminos de tolerancia y liberalizantes respecto a las denominadas "drogas sociales". El mejor camino lo siguió Portugal, que descriminalizó el porte para uso propio, manteniendo la prohibición como infracción administrativa (no criminal). Todas las legislaciones europeas endurecieron con relación al narcotráfico. Hasta ahora, ningún país partió hacia la total "liberación" del consumo y del tráfico, dado el elevado costo para la sociedad. Como se verificó en Canadá, el costo social de la droga alcanzó el 4% del PIB. En razón de ello, perdió fuerza el discurso del "victimless", o sea, de que el usuario es víctima de sí mismo y puede, íntimamente, disponer libremente de su cuerpo y de su salud. Las posturas más humanas, como la descriminalización con prohibición administrativa y programas informativos y educativos, rescataron la autoestima del usuario y abrieron espacios para prácticas sociosanitarias de reducción de daños y riesgos. Con el rótulo de criminal pegado, hasta el tratamiento, según especialistas, se vuelve más difícil. Los norteamericanos, como reacción a las tendencias descriminalizantes, adoptaron, para América Latina y por boca de sus aliados, la técnica de echar la culpa al usuario por el cuadro de escalada de la criminalidad. Apelaron al truismo: sin demanda no habría oferta. Un truismo que forma parte de la campaña para mantener la criminalización. En Brasil, la política del ex-presidente FHC siguió el rígido y superado modelo norteamericano. Por ejemplo, optó por la criminalización del porte para uso propio e implantó una forma de solidaridad autoritaria, con adopción del modelo norteamericano de Tribunales para Dependientes Químicos. Peor aún. En 1998, con ocasión de la Asamblea Especial de la ONU para tratar la cuestión de las drogas, el entonces sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva firmó documento condenando la adhesión de Brasil a la americanizada política de la ONU. La semana pasada, los ministros de Educación, Cultura y Derechos Humanos firmaron un protocolo de intenciones con la Secretaría Nacional Antidrogas de la Presidencia de la República. Además de la práctica inusitada de ministros con intención de aplicar la política del presidente, el tal protocolo busca la implantación de la política heredada de FHC, la cual, desafortunadamente, parece haber caído en el agrado del presidente Lula. Wálter Fanganiello Maierovitch, 55, juez jubilado del Tribunal de Alzada Criminal de São Paulo, es presidente del Instituto Brasileiro de Ciências Criminais Giovanne Falcone. Fue secretario nacional Antidrogas de la Presidencia de la República (1999-2000).

NO: ¡Hay mucho de qué discutir!

ARTHUR GUERRA DE ANDRADE El uso de drogas es un grave problema de salud pública en todo el mundo, tanto en los países desarrollados como en los en desarrollo. Para todos los países el problema es creciente, preocupante y, a pesar de los continuos esfuerzos, de diferentes formas, ningún país presenta resultados alentadores en la disminución de la utilización y del consumo de drogas, ya sea en acciones de represión, prevención o tratamiento. Este es el principal motivo por el cual actualmente ningún país tiene una política nacional sobre drogas que contemple la legalización de las mismas. En esta materia, es importante la conceptualización de lo que es legalización y de lo que es descriminalización o despenalización. Básicamente, por legalizar el uso de drogas ilícitas, se entiende postura de la sociedad semejante a la referente al actual consumo de bebidas alcohólicas. Por otro lado, casi todos los países discuten cada vez más intensamente lo que es descriminalización o despenalización del uso de drogas: el hecho de que la persona sea flagrada en posesión de drogas ilícitas, hasta cierta cantidad considerada de uso personal, no es evaluado como comportamiento criminal, por lo tanto, el individuo no puede ser preso por ese motivo. Brasil discute ese problema desde 1996, cuando fue presentado el proyecto de ley nº 105/96, que se transformó en la ley nº 10.409, de 11/01/02, que sustituía la pena de prisión por medidas alternativas, como prestación de servicios a la comunidad y pago de multa. ¿Qué ocurre en otros países? Utilicemos los ejemplos de tres de ellos, citados con frecuencia como "modelos" de enfrentamiento del problema: Portugal, Holanda y Suiza. Allí, el uso de drogas no es legalizado, a pesar de repetidas veiculaciones en los medios informando lo contrario. Las personas no están autorizadas a producir, vender o utilizar drogas ilícitas. En Ámsterdam, por ejemplo, es tolerable el uso de marihuana en algunos cafés, siendo que en esos locales la cantidad para consumo individual disminuyó de 30 g en el pasado a actuales 5 g. Conviene recordar que ese consumo es realizado casi que exclusivamente por turistas y que el uso de marihuana en las calles, en los parques y en lugares públicos no está permitido. Obviamente, tampoco se discute el uso público de otras drogas ilícitas, tales como cocaína, anfetaminas y heroína. En esos países -y esto sirve de ejemplo para nosotros-, las condiciones fueron favorables para la amplia discusión, por la sociedad, de la despenalización de drogas, por ejemplo, con la oferta de buenos servicios de atención a pacientes, para todas las clases sociales, además de campañas de esclarecimiento y prevención a gran escala. Es notorio que las condiciones de nuestro sistema de salud, tanto en el nivel público como en el privado, son muy limitadas y limitantes. Además, el gobierno, principal formulador de políticas públicas, sugiere el modelo de reducción de daños como el ideal para enfrentar el problema de las drogas. Aunque reconociendo los méritos de esa política de reducción de daños en lo que se llama prevención terciaria (evitar la cronicidad de casos diagnosticados), su efectividad es muy discutida para modelos de prevención primaria y secundaria (diagnóstico precoz). Pero, ¿hacia dónde se dirigen las políticas públicas en el área de drogas, actualmente? Cada vez más se discute el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco, respetando las libertades individuales y los enormes intereses financieros -el ejemplo de hoy es la propaganda de tabaco en el Gran Premio Brasil de Fórmula 1: a pesar de haber sido prohibida, por ley, la propaganda de tabaco en eventos deportivos y a pesar de las continuas amenazas de Anvisa de aplicar multas diarias a los organizadores del GP, la propaganda en el evento fue liberada, volviendo atrás el gobierno en su posición inicial). Entonces, el movimiento de las drogas lícitas estará siguiendo el actual movimiento de las drogas ilícitas, resumiéndose en mayores controles. Por esos motivos, creo que es muy importante la inmediata discusión de la descriminalización de drogas en diversos foros (escuelas, empresas, ONGs, familias). Pienso que, en Brasil, es necesaria discusión, planificación, acciones efectivas en la prevención, en el tratamiento y en la represión del uso de drogas. Y, actualmente, no es la legalización el camino a ser tomado. El discurso, aunque atractivo y seductor, es peligroso y estéril. Arthur Guerra de Andrade, 48, profesor titular de Psiquiatría de la Facultad de Medicina del ABC, es presidente del Consejo Técnico-Administrativo del Grea (Grupo de Estudios de alcohol y Drogas), del Instituto de Psiquiatría de la FMUSP).

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